La Ley General para la Defensa de los Consumidores y s, que entra en vigor el día de hoy, establece la factura en papel como opción por defecto para el consumidor y facilita el cambio entre alternativas y exige el consentimiento del consumidor, además, prohíbe cualquier recargo por la factura en papel.
Desde tiempo atrás se ha estado ejerciendo cierta presión a los s para su cambio en favor de la factura electrónica, aplicando así, los operadores, recargos por la solicitud de sus facturas en papel. Lo que, en algunas ocasiones, ha parecido una «tendencia verde», finalmente se ha convertido en una práctica ilegal según el Ejecutivo, que ha actuado en favor de los derechos de los consumidores.
Aún no es viable la factura electrónica de forma generalizada
Si bien es cierto que la generalización de la factura electrónica favorecería al medio ambiente reduciendo el despoblamiento de bosques y, además, reduciendo la contaminación generada por industrias implicadas, aún hay aproximadamente 13 millones de españoles que no están preparados para dejar atrás la factura en papel e inclusofactura electrónica y la más popular. Por lo tanto, recargos por el uso de la factura en papel y penalizaciones por el cambio entre opciones -papel y electrónica- quedarán como parte del pasado, a no ser que algún operador decida actuar al margen de la ley, en cuyo caso los s disponemos, gracias a ADICAE, de un modelo de reclamación para proteger nuestros derechos y hacer cumplir la ley que entra en vigor desde hoy.
