La Policía tumba una red secreta que usaba criptomonedas y bots para espiar a empresas e instituciones

La Policía Nacional, con apoyo del Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) y colaboración internacional, ha desmantelado una red criminal dedicada a cometer ciberataques a organismos públicos y empresas estratégicas. Mediante una infraestructura tecnológica sofisticada, criptomonedas e identidades secretas consiguieron poner en jaque la seguridad nacional.
Atentar contra la seguridad nacional
La operación se inició en 2024 al detectarse una serie de ciberataques sostenidos en el tiempo contra infraestructuras informáticas de organismos públicos, empresas del sector energético, puertos, sistemas de transporte, redes telefónicas y plataformas educativas.
La capacidad tecnológica de la red les permitía elaborar perfiles completos de altos cargos, cruzar información e incluso ofrecer servicios personalizados de consulta a terceros. Todo estaba alojado en la nube, algo que parecía imposible de detectar incluso para la propia Policía.
Según han explicado, la red actuaba como una agencia de inteligencia privada con funciones como: istración tecnológica, desarrollo de herramientas de anonimato, gestión financiera a través de criptoactivos, asesoramiento jurídico, expansión internacional y comercialización en mercados oscuros.
Por si fuera poco, la red consiguió blanquear su funcionamiento presentándose como un entorno legítimo de asesoramiento tecnológico. Se anunciaban como un servicio de consultoría que “facilitaba su inserción en entornos económicos e institucionales”.
Bases de datos con información sensible
Sin duda, uno de los logros más importantes ha sido la recuperación de la infraestructura tecnológica de la red criminal. Esto ha sido bastante complicado debido a que utilizaban identidades falsas, criptomonedas, cifrado extremo y rutas anónimas de .
La Policía Nacional explica también en su nota de prensa que esta actuación ha servido para proteger información sensible vinculada a millones de ciudadanos. Esta información proviene de sistemas educativos, el registro civil, registros de mascotas, abonos de transporte, registros telefónicos y plataformas de facturación de compañías eléctricas. Muchos de estos organismos nunca fueron conscientes de que sus sistemas habían sido vulnerados y sus bases de datos robadas.
En resumen, una intervención clave para proteger la seguridad nacional de España, asegurar la privacidad de millones de ciudadanos y poner a salvo la integridad de instituciones públicas y privadas. Este tipo de ataques pueden incluso desestabilizar económica y estratégicamente un país.