El nuevo sistema de remuneración a los artistas por el derecho a copia privada a través de las entidades de gestión es un despropósito según éstas. Por ello algunas se plantean presentar un recurso en los tribunales con el fin de que el Gobierno rectifique.
Hace unas semanas se confirmó la modificación del canon digital. Tal y como anunciase el Ejecutivo hace un año, pasaría a formar parte de una partida en los Presupuestos Generales del Estado, en lugar de gravar los dispositivos y soportes electrónicos. La reacción de las entidades de gestión fue poner el grito en el cielo ante una medida que insisten en que beneficia a las grandes empresas tecnológicas que operan en España y deja a los autores desprotegidos.
Tras estas críticas iniciales algunas de ellas se plantean ir más allá y denunciar al Gobierno. «Estamos analizando los aspectos del Real Decreto que consideramos contrarios a la legislación en aspectos de propiedad intelectual y de legislación comunitaria y en cuanto lo terminemos tomaremos la decisión de si recurrimos o no», explicó Rafael Sánchez, portavoz de Ibau y CopyEspaña a CincoDías.
«El nuevo sistema no vincula la remuneración al acto de copia privada, sino a una limitación presupuestaria, marcada por la contención del déficit público, y no estima de forma satisfactoria el grado de daño sufrido por los titulares de los derechos», señala Sánchez, quien asegura que esto es contrario «a la directiva europea sobre copyright y a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo».
En la línea del discurso mantenido en los últimos meses, las gestoras hablan de una mayor indiscriminación a la hora de aplicar el nuevo canon. «Es más injusto y menos equitativo. Antes pagaban aquellos que compraban equipos que permitían hacer copias, pero ahora lo pagan todos los españoles, copien o no», argumenta el portavoz de las entidades, quien se quejó de la reducción de 115 millones de euros con el anterior formato a los actuales 5 millones. «En Francia, la recaudación por copia privada en 2010 fue de 188 millones, en Alemania de 243 millones, en Italia de 51. Así que si valoramos la propiedad intelectual en cinco millones lo que estamos haciendo es poner a España a la altura de Burkina Faso, Letonia o Rumania», criticó con dureza.
Por último, Sánchez habló sobre la posible limitación del derecho a copia privada que se estaría planteando el Gobierno «para intentar justificar ante Bruselas que el daño por este derecho puede haberse reducido». «Esto es algo que no queremos porque supondría considerar actos ilícitos copias que ahora son legales y obligaría a perseguir a muchos s«, afirmó sobre una opción que dejaría graves consecuencias como una posible ilegalización del P2P.
