La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha alertado de una práctica comercial que se está extendiendo entre las compañías que comercializan el ADSL de los operadores. Algunos de estos comerciales se hacen pasar por personal del regulador para recomendar a los s el cambio de operador.
La CMT ha avisado a través de una escueta entrada en su blog de una técnica comercial fraudulenta que se estaría extendiendo en nuestro país. Según han hecho constar al regulador varios s, éstas consistirían en la suplantación de la identidad del personal que trabaja para la CMT de cara a lograr que el porte su línea a otra compañía.
En concreto, afirman que los comerciales se ponen en o con los s y les aseguran que el único buen servicio de ADSL que pueden recibir es el de la compañía que venden. Para dar más consistencia a su falso argumento se apoyan en supuesta información facilitada por el regulador, que no ha dudado a la hora de avisar a los internautas de este fraude. A su vez, los comerciales implicados «prometen que el recibiría una indemnización por la mala calidad del servicio de su antiguo operador, indemnización que evidentemente no se cobra jamás«.
Por este motivo, desde el organismo que preside Bernardo Lorenzo se ha recordado a los s que tienen derecho a presentar una reclamación, para lo cual facilitan el manual para actuar paso a paso. Igualmente, ha publicado tanto la web como los números de teléfono de la Oficina de Atención al de Telecomunicaciones para presentar las respectivas quejas si se ha sido víctima de este fraude comercial.
Fin de la contratación vía telefónica
En este punto, cabe recordar que dentro de los consejos básicos a la hora de contratar servicios de telecomunicaciones estaría siempre la desconfianza ante llamadas telefónicas de este tipo. Las múltiples reclamaciones registradas por estos motivos han llevado al Gobierno a plantearse la prohibición de la contratación de servicios como el ADSL o el móvil vía telefónica. Los abusos por parte de las compañías al imponer cláusulas o productos no solicitados en sus contratos de las cuales no informan vía telefónica son las principales razones que han llevado al Ejecutivo a impulsar una medida que podría aprobarse tras el verano.
