El último tramo para la llegada definitiva de la Ley Sinde se recorrerá de forma inminente. Con la aprobación de su reglamento y formación de la Comisión de Propiedad Intelectual por parte del nuevo Gobierno dará inicio el cierre exprés de páginas web en nuestro país, aunque se sigue dudando de su efectividad real.
El artículo publicado en elcorreo.com «La Ley Sinde por real decreto» reflexiona sobre la imposición por parte del recién elegido en las urnas Gobierno del Partido Popular del reglamento que dará pie a la formación de la Comisión de Propiedad Intelectual. Este órgano será el encargado de señalar qué páginas vulneran los derechos de autor ofreciendo simplemente enlaces a contenidos que ni siquiera se encargan de alojar.
Hace sólo una semana se especuló con la posibilidad de que el último Consejo de Ministros culminase la obra cumbre de la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde, impulsora de esta polémica norma. Sin embargo, el Ministerio confirmó que no sería así y que serán los políticos del PP quienes activen la norma antipiratería española. Recordemos, eso sí, que este partido ya apoyó los planes de la política socialista, por lo que apenas se notará el cambio en este sentido.
Eso sí, si no deciden introducir reformas drásticas dentro de este reglamento (algo que, repetimos, parece poco probable), está por ver la efectividad de la ley. Como se ha encargado de recordar el abogado especializado en propiedad intelectual David Bravo en las últimas horas, su funcionamiento puede ser nulo al «desconocerse la tecnología actual» en el momento de su redacción.
«En Internet es sencillo hacer un índice de contenidos y crear una página de enlace en sólo 5 minutos y el Estado pretende cerrarla en un mes tras un proceso istrativo ultrarrápido», afirmó el letrado, quien en los últimos meses ha dejado en evidencia esta norma en repetidas ocasiones con ejemplos en directo e incluso delante de la propia industria cultural, uno de los sectores que más han presionado para su aprobación.
Así pues, el disparatado intento de acabar con las páginas web de enlaces a descargas en España sigue adelante sin siquiera plantearse que se podrían dar casos que chocarían con la legislación europea. Se pretende imponer el bloqueo a sitios web alojados en el extranjero, pero está por ver si finalmente no se obliga a rectificar una ley aprobada con la mayoría parlamentaria y con un rechazo también mayoritario por parte de la comunidad internauta.
